Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en Asturias.
La población en exclusión severa ha pasado de 75.000 a 88.000 personas, lo que supone un 17% más.
«Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en Asturias. Resultados de la encuesta sobre integración y necesidades sociales 2021»,
Cáritas Diocesana de Oviedo, la Facultad Padre Ossó y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) han presentado en Oviedo la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia.
El acto ha corrido a cargo de José Antonio Prieto Saborit, decano de la Facultad Padre Ossó; Aurora García García, directora de Cáritas Diocesana de Oviedo; Raúl Flores, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas y secretario técnico de FOESSA, y Pilar Díaz Cano, responsable del Servicio de Análisis y Estudios de Cáritas Diocesana de Oviedo.
Durante la presentación, tanto Prieto Saborit como García García han destacado el convenio de colaboración firmado entre ambas entidades, que ha permitido la creación de un equipo extra de investigadores que analizó los datos del Principado y colaboró en la elaboración del informe FOESSA regional. El estudio, desarrollado por 30 investigadores de 10 universidades y entidades de investigación, se realizó a través de un equipo de encuestadores profesionales de más de 150 personas que llamaron a más de 90.000 puertas a nivel estatal y 7.000 puertas en Asturias. Los principales resultados de este trabajo de investigación alertan de que la cohesión social en nuestra comunidad ha sufrido un “shock” sin precedentes, con un impacto muy desigual de las consecuencias de la pandemia por la Covid-19.
El estudio revela que se mantienen las tasas elevadas de integración social, pero crecen con fuerza las situaciones de exclusión severa alcanzando a 88.000 personas y profundizando la brecha de desigualdad en Asturias. Las personas en situación de exclusión social representan el 15,9% de la población de Asturias y suponen un total de 161.000 personas, algo más de una de cada seis habitantes.
La exclusión social es un concepto más amplio que la falta de dinero (pobreza). Refleja unas condiciones de vida afectadas por más problemas que la carencia de recursos económicos, como son: problemas con el empleo, la capacidad de consumo, al acceso a la legalidad, a la educación, a la salud, a la vivienda, las problemáticas de lazos sociales, como son la soledad o el conflicto social.
En Asturias, se ha producido una mejora relativamente importante en cuanto a la extensión de las situaciones de integración. En total, el porcentaje de población en situación integrada en Asturias es del 84,1%, frente al 76,6% en España. Lo que supone una diferencia del 7,5% respecto a la media nacional. Si tenemos en cuenta los datos de evolución de la comunidad. El número de personas en situación de exclusión social se ha reducido en casi 30.000 personas, pasando de 189.000 en 2018 a 161.000 en el 2021 en porcentaje supone pasar del 18,4% al 15,9%.
Sin embargo, se ha producido un incremento en el número de personas y hogares en situación de exclusión social severa. La población asturiana en situación de exclusión severa ha pasado de 75.000 a 88.000 personas (lo que supone un 17% más). Esta tendencia a la polarización resulta preocupante. Disminuye la exclusión moderada, más sensible a las políticas públicas específicas y con menor tendencia a la cronificación. Y aumenta la situación que supone un mayor empeoramiento de las condiciones de vida y mayores dificultades para salir de la exclusión.
El deterioro se ha dado entre el grupo de personas en una situación de exclusión más extrema y que acumulan el mayor número de dificultades. 31 mil personas conforman la denominada “sociedad expulsada” en Asturias; están en una situación más crítica y no cuentan con elementos compensadores que eviten el incremento de nuevas problemáticas que se acumulen a las previas.
Uno de los aspectos diferenciales de esta crisis es la profundización de la brecha de desigualdad en Asturias, donde las grandes damnificadas por la Covid-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad y exclusión social antes de esta crisis. El desarrollo del empleo y las consecuencias que la crisis ha generado en el marco del trabajo, ha sido uno de las principales fuentes de incremento de la desigualdad.
El empleo, consecuencias visibles de esta crisis
La consecuencia más visible de esta crisis se ha concentrado en la actividad económica y en el empleo, alcanzando a un mercado de trabajo que ha sufrido importantes tensiones que se han traducido en destrucción de empleo, en ERTE y en la paralización de dinámicas laborales. Esto ha reafirmado unas tendencias que ya se perfilaban con anterioridad:
1. Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo. Durante esta crisis la precariedad se ha incrementado en el conjunto de España. En Asturias es que 25.000 familias dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave. Lo que significa que en el último año ha tenido: 3 o más meses de desempleo, 3 o más contratos diferentes, en 3 o más empresas distintas. Una inestabilidad laboral que genera pobreza económica frustración, laboral y personal, e impide desarrollar proyectos vitales estables.
2. Aumenta la tendencia a la cronificación de las situaciones de desempleo. Especialmente entre aquellos trabajadores que ya estaban en desempleo antes de la pandemia. En 21.000 familias el sustentador principal se encuentra en paro de larga duración. Ya que se han hecho más altas las barreras para acceder al trabajo para una parte de las personas desempleadas.
3. El desempleo total familiar se ha incrementado un 50% y hoy alcanza a 51.000 familias donde todas las personas activas están en paro.
Importantes efectos en la vivienda y en la salud
Crecen las situaciones de exclusión residencial y el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y una influencia notable sobre los recursos económicos.
• Aumenta el porcentaje de población con gastos excesivos de vivienda. El pago de alquiler o hipoteca deja a 46.000 hogares en situación de pobreza severa.
• 24.000 familias viven en una vivienda insegura, es decir, con una tenencia en precario, amenaza de expulsión, violencia doméstica o inseguridad de sus miembros.
• 21.000 hogares viven en una vivienda inadecuada, es decir, con deficiencia graves en la construcción, suministros o ubicada en un entorno degradado, etc…
• Los hogares cuyo principal sustentador es una mujer, muestran un mayor extensión e intensidad de problemáticas vinculadas a la vivienda: humedades (29%), accesibilidad (22%) y barrios degradados o conflictivos (10%). Esto es debido a las dificultades para conciliar trabajo estable y cuidado de hijos menores, con la consiguiente falta de ingresos.
El problema más relevante en el ámbito de la salud es la falta de acceso a medicamentos debido a problemas económicos y la presencia de situaciones de dependencia en todas las personas adultas del hogar.
• La reducción de los ingresos ha generado que 36.000 hogares asturianos han dejado de comprar medicinas o prótesis, seguir tratamientos o dietas, por problemas económicos.
• 23.000 hogares con problemas graves de salud que afectan a todas las personas adultas del hogar (discapacidad o enfermedad crónica).
• Hasta 7.000 hogares con alguna persona dependiente que necesita cuidados de otra persona para actividades de la vida diaria y que no están recibiendo ninguna ayuda.
El estado de ánimo y la salud mental irrumpen como elementos clave en términos de calidad de vida.
• Para un 49,3% de la población asturiana, su estado de ánimo tras la pandemia es peor que antes del confinamiento. La cifra está por encima de la media nacional (40,1%).
• El porcentaje de las familias en las que alguien sufre un trastorno de salud mental diagnosticado supera el 23%, y en el 46% de los casos este diagnóstico se hizo en el último año.
• Asturias ha sufrido un aumento de los trastornos de salud mental diagnosticados, que han pasado del 11% en 2018 al 23% en 2021. Lo que la convierte en una de las comunidades autónomas con el mayor porcentaje de hogares en los que alguno de sus miembros padece una enfermedad mental.
La pandemia genera un aumento del aislamiento y debilita las redes de ayuda mutua entre los hogares. La crisis también ha pasado su factura en la dimensión relacional, dejando un aumento de los problemas de aislamiento, especialmente marcado entre las personas más vulnerables. Un aislamiento que se observa en el incremento de hogares con personas solas que no cuentan con apoyo para situaciones de enfermedad o dificultad, 29.000 personas se encuentran en esta situación en el conjunto del Principado.
Las cinco brechas de la desigualdad
Se agranda la brecha entre las familias con más y menos ingresos, por encima del 38% siendo los grupos más afectados las mujeres, las familias con menores a su cargo, jóvenes y migrantes.
Todas estas carencias desigualmente distribuidas generan un mayor impacto sobre unas personas que sobre otras. Así, vemos que hay dos brechas activas que se hacen más profundas, como son la nacionalidad de origen y la edad, y una tercera brecha que se mantiene: el género. Y una nueva brecha que irrumpe con fuerza, la brecha digital.
Ingresos
• Más de 26.000 familias carece de algún tipo de ingreso periódico o predecible, que permita una mínima estabilidad.
• 25.000 familias dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave
• El desempleo de todas las personas en edad activa que residen en el hogar afecta 52.000 familias asturianas. Habiendo aumentado un 50% respecto a anteriores mediciones.
Género
La brecha de género persiste, ya que la tasa de exclusión social en los hogares sustentados por mujeres, se eleva al 30,1%, frente a la tasa de los hogares sustentados por hombres que se sitúa en el 11,4%.
La desventaja acumulada por razón de género, al margen de los cambios en la coyuntura económica y social, permanecen estables y remiten a cuestiones de tipo estructural y que es importante tener en cuenta de cara a diseñar políticas públicas eficaces.
Origen
Ser persona extranjera en Asturias es uno de los principales factores de exclusión y supone una desventaja. El 52% de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentra en situación de exclusión, esto significa casi cuatro veces más exclusión que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española (14%), lo que dibuja una nueva línea de profundidad en la sociedad fracturada.
Edad
La edad y la etapa vital ganan fuerza como brechas en la exclusión social. Los datos demuestran que en Asturias está penalizando el hecho de tener hijos. La presencia de niños, niñas y adolescentes en el hogar, se relacionan claramente con la prevalencia de las situaciones de exclusión: las tasas de exclusión se elevan del 13% de hogares sin menores de edad, al 17% en hogares con menores, al 27% en las familias numerosas y al 40% entre los hogares monoparentales cuya personal al frente es una mujer.
Por otro lado, la prevalencia de las situaciones de exclusión es mayor en hogares con menores de edad (niños, niñas y adolescentes). Las necesidades relacionadas con la crianza se relacionan así claramente con esta prevalencia de las situaciones de exclusión.
Brecha digital
La brecha digital se hace patente y se ceba con los hogares más vulnerables. La investigación revela que la mitad de los hogares en exclusión social sufren el apagón digital, lo que significa que 160 mil hogares viven la brecha digital de manera cotidiana, algo que afecta especialmente a los hogares conformados solo por personas de 65 y más años y a personas sin estudios.
Seis de cada 10 hogares en situación de exclusión severa han perdido oportunidades educativas, laborales, de acceso a servicios, ayuda y prestaciones públicas achacables a la brecha digital. Que nuevamente afecta a quien más necesita de esas oportunidades, 6.500 familias en situación de exclusión. Un apagón digital que se produce tanto por carencia de conexión y de dispositivos, como de habilidades y conocimientos para el uso adecuado de los mismos o el manejo de internet.
Desmontar estereotipos
Frente a la imagen de pasividad que tienen las familias en situación de vulnerabilidad, el nivel de “activación” es muy alto. En ocho de cada 10 hogares desfavorecidos la activación es fuerte, ya sea porque consiguen trabajar, estudian o se forman para mejorar su empleabilidad, o participan en programas de los servicios sociales o de entidades del tercer sector como Cáritas para avanzar en su salida de la exclusión.
Esta activación de las familias en pobreza y exclusión desmiente el imaginario social que estereotipa a las personas en situación de pobreza y exclusión social como personas pasivas y desmotivadas.
Retos y propuestas
Es importante reconocer que el esfuerzo de respuesta desde las políticas públicas ha sido notablemente mayor que en la crisis anterior, con un proceso de refuerzo y transformación de las políticas públicas en marcha. Aunque todavía hay margen de mejora. El informe FOESSA y Cáritas Asturias consideran necesario perfeccionar el sistema de protección social a futuro, abordando los siguientes retos:
1. Reimpulsar el modelo de estado de bienestar poniendo en el centro a la persona, favoreciendo el pleno acceso a sus derechos, especialmente en el ámbito de la vivienda, los ingresos mínimos, los cuidados, y el empleo digno.
2. Implementar medidas que reduzcan la precariedad laboral y la excesiva flexibilidad en los empleos de sectores no cualificados, temporales y precarios, así como acabar con las situaciones de irregularidad.
3. Garantizar un sistema de salud público de calidad con incidencia en la mejora de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados, así como la salud mental.
4. Impulsar políticas que hagan frente a la exclusión residencial para hacer frente al aumento de familias con viviendas en precario o insalubres.
5. Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital para que alcance al máximo de situaciones de pobreza. Así como mejorar el funcionamiento del Salario Social Básico, para que complemente adecuadamente la protección a las personas del Ingreso Mínimo Vital.
6. Abordar y reducir la brecha digital, que afecta especialmente al acceso a la educación, así como a derechos y servicios. Es importante, en paralelo, mantener las puertas no digitales abiertas, para que las personas más excluidas de la digitalización, no lo sean también de sus derechos.
7. Avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI. Para afrontar los retos del envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerables, la feminización de la pobreza y la integración de la población inmigrante
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